Injusticia

Caso Bulacio: veinte años sin justicia

El caso Bulacio representa veinte años de búsqueda de justicia, pero también un agujero negro en el corazón de la democracia argentina que desnuda sus políticas represivas encubiertas, fraudulentas y, aun así, rutinarias. El 19 de abril de 1991, Walter Bulacio, un pibe rockero de Aldo Bonzi cuyo nombre terminaría convirtiéndose en bandera de movilización, partió con sus amigos del barrio en un micro escolar alquilado hacia el estadio Obras. Aquel sábado los Redonditos de Ricota tocarían los temas de ¡Bang! ¡Bang!… Estás liquidado, que por entonces era su último disco. María Ramona Armas de Bulacio, la abuela de Walter, lo despidió en su casa y le dio 120 mil australes. “Cuidate”, le dijo a su nieto preferido, el que escribía cuentos y trabajaba de caddie en el campo municipal de golf para financiar el viaje de egresados que lo llevaría a Bariloche junto con sus compañeros de quinto año del turno tarde del Colegio Nacional Rivadavia. Los que tenían entradas pasaron rápido. Los que no, como Walter, se inquietaron: la policía, a las órdenes del titular de la comisaría 35ª, Miguel Ángel Espósito, había desplegado una presencia agresiva y se estaba llevando a todos los que estaban dando vueltas. A las nueve y media de la noche levantaron a Walter.

Mientras la noche avanzaba en la comisaría, los muchachos eran clasificados por edad y por sexo. A los mayores los enviaban a los calabozos; a los otros, a la Sala de Menores, que en realidad era otro calabozo. Aquella era la primera vez para Walter, que tenía frío y miedo. Fabián Sliwa, el agente que escribía los datos –y que en el caso de los menores anotaba apenas “Ley 10.903” como motivo de detención-, declaró cuatro años después que vio cómo el propio Espósito, harto porque ya de madrugada “la comisaría era un despelote”, le sacó la cachiporra a uno de sus agentes y descargó su bronca golpeando en la cabeza a Walter. El testimonio de Sliwa fue impugnado por la defensa del comisario y finalmente descartado, pero su versión, dicen desde la querella, encaja.

Un golpe violento o el miedo de pasar una noche en manos del enemigo: no hay que buscar demasiado para encontrar las causas del crack en la cabeza de Bulacio. Los chicos que compartían el calabozo con él le cedieron la única silla cuando lo vieron debilitado y dolorido, vomitando. “De acá no salimos, nadie sabe que nos trajeron”, le había dicho a uno de ellos.

De los once, al amanecer quedaban tres. Los padres habían ido a buscar a los demás, pero los de Bulacio recién se enterarían de su derrotero al día siguiente. En la mañana del sábado 20, Walter fue trasladado en una ambulancia del CIPEC al Hospital Pirovano, desde donde lo derivaron al Fernández porque no funcionaba el tomógrafo. “Su hijo estaba borracho y drogado”, les dijeron en la comisaría a los padres, cuando fueron corriendo a buscarlo. “¿Te pegaron, negrito?”, le preguntó Víctor Bulacio a su hijo cuando finalmente lo pudo ver. El pibe asintió. Al médico que lo recibió le había dicho quién: “la yuta”. El domingo 21, Walter recaló en el Sanatorio Mitre, adonde llegó con una ficha médica que decía “Golpes faciales varios de 36 horas de evolución”. Hacía un día y medio que había entrado a la comisaría. En el sanatorio no pudieron evitar que entrara en coma y que una semana más tarde falleciera. Todavía quedaba en la pared de la Sala de Menores de la comisaría el graffiti rudimentario que uno de ellos había raspado con su birome, al lado de sus nombres: “Caímos por estar parados. 19/4/91”.

Después de veinte años de burocracia judicial y de chicanas legales, la causa debía llegar a juicio en abril de 2011, pero se volvió a posponer con la jubilación de uno de los jueces encargados del debate. Sin embargo, todo indica que no falta demasiado para que el debate se concrete. María del Carmen Verdú, abogada de la familia Bulacio y fundadora de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), aclara que no se va a juzgar la muerte de Walter (de la que fue desligado el ex comisario Espósito), sino la privación ilegal de su libertad.

“De todas maneras, no hace falta que se juzgue porque ya está dictada esa sentencia en el ámbito internacional con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el propio Estado la reconoció. La condena contra el Estado Argentino es clara”, dice Verdú. “Se lo encontró responsable por la violación al derecho a la libertad, por el encarcelamiento, a la integridad física y a la vida de Walter Bulacio. Por eso, cuando nos llega el momento del ofrecimiento de prueba en el juicio argentino que todavía no se concretó, nosotros planeamos que el comisario llega acusado por el delito del artículo 144 bis, inciso 1º, que se refiere a la privación ilegal de la libertad calificada. E hicimos la siguiente manifestación preliminar: ‘Resulta, a juicio de esta querella, necesaria una breve reflexión preliminar sobre la mínima y singular porción de los hechos, objeto de esta causa, respecto de los cuales ha subsistido esta acción penal. Desde diciembre de 1995 estas acciones tienen como único objeto procesal determinar la responsabilidad penal del ex comisario [Miguel Ángel] Espósito en relación al delito de privación ilegal de la libertad calificada. Pues fueron elevadas a plenario exclusivamente por tal delito. Años después se consideró operada la prescripción de la acción penal respecto las restantes setenta y dos víctimas, por lo que solo continuó el trámite en relación a la circunstancias de la detención ilegal del hijo de mi mandante, Walter Bulacio'”.

La presentación de la querella continúa: “Ese y no otro es, muy a nuestro pesar, el objeto de estos autos. Hubiéramos preferido, sin duda alguna, y aunque nos hubiera tomado otros veinte años más, que estuviéramos a las puertas de un debate en el cual se discutieran todos los hechos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo por probado, respecto no solo de la detención ilegal, sino de la tortura y muerte de Walter. El tortuoso devenir de esta causa frustró ese derecho apenas paleado  por el reconocimiento pleno del Estado argentino, en 2003 de los hechos tal como fueron denunciados ante la CIDH y su plena ratificación dictada por la sentencia en la corte IDH el 18 de septiembre de 2003. Lamentamos no haber podido llevar a todos los responsables materiales y políticos de la detención, tortura y  muerte de Walter Bulacio a juicio, para acusarlos por la totalidad de los crímenes cometido el 19 de abril de 1991. Es igualmente lamentable para la justicia argentina, que una causa que devino en símbolo de la organización y la lucha contra la represión estatal, y que cuenta con el triste privilegio de haber motivado la primera y única condena al Estado argentino por violación a los derechos humanos con posterioridad a 1983, se vea reducida en esta instancia a una mínima imputación por una detención ilegal. Es igualmente lamentable, cuando menos, que una sentencia de la máxima autoridad judicial regional, siga después de ocho años incumplida en lo esencial por el Estado argentino, caso inédito en el fuero Interamericano. Pero todo ello no es el objeto de esta causa en la que Vuestra Excelencia deberá fallar. Esta querella hará todo lo que técnicamente esté a su alcance para contribuir a garantizar que se respete el objeto procesal del futuro debate, por limitado y parcial que este sea. Aún con la inevitable certeza que este juicio oral llega tarde y mal, es a lo que la justicia argentina nos ha permitido acceder y pondremos en ello el mismo empeño que cuando nos presentamos como parte el 2 de mayo de 1991. Reiterando lo expuesto en mayo de 1996, a la hora de formular acusación con forma y código de procedimientos entonces aplicable en autos, esta querella entiende que no es necesario citar al debate a testigo alguno, pues la conducta reprochada se encuentra acreditada con un enorme plexo de prueba documental e informativa, existente en el legajo con anterioridad a dicha fecha, cuya incorporación por lectura será solicitada”.

– En su libro Represión en democracia se refiere al “Memo 40”. ¿De qué se trata ese asunto?
– Es una orden del día de la Policía Federal, era una comunicación del Director Judicial de Policía Federal dirigido al Director de Seguridad de la División Orden Público que a su vez lo tenía que bajar a todas las comisarías, fechado el 19 de abril de 1965. Lo que decía el Memo es que a partir de ciertas recomendaciones hechas por los Jueces Correccionales de Menores de 1965. Se sugería que algunas recomendaciones que ellos habrían hecho había decidido a la policía  a modificar el sistema de detención de menores. Y entonces ¿qué es lo que decía la ley en el ‘65? ¿Qué es lo que decía la ley en el ‘91? ¿Y qué dice la ley hoy? Que con cualquier menor que pise una comisaría, lo primero que hay que hacer es avisarle al juez de Menores de turno. Esto de las recomendaciones se traduce en “no me molesten a las 3 de la mañana con que detuvieron a un menor, hagan lo que tengan que hacer”. Conclusión: jamás llamaban al juez, salvo cuando tenían un pibe de diecisiete años y un cadáver y le tenían que dar intervención por el cadáver.

– ¿Qué pasa con el Memo 40 hoy?
– El Memo 40 fue dado de baja, pero el mecanismo sigue existiendo y hoy se llama “entrega del menor”. Es lo mismo.

– Bulacio tenía un aneurisma y la defensa del comisario Espósito alega que su causa de muerte fue “natural”…
– En el expediente declararon alrededor de cien personas que fueron detenidas, porque hubo muchos detenidos que no fueron llevados a la comisaría siquiera. Cuando los policías se dieron cuenta que ya se habían pasado de rosca empezaron a largar gente tan arbitrariamente como la habían detenido. Pero por lo menos veinte o treinta personas declararon que habían estado en la comisaría pero no les hicieron firmar nada, no les preguntaron cómo se llamaban, nada. De esas ciento y pico de personas, todos absolutamente todos, dijeron que les pegaron o que vieron que les estaban pegando al de al lado y ellos atinaron a cubrirse. Que es uno de los argumentos que nosotros siempre usamos: por qué justo Walter iba a ser al único al que no le pegaban, en la versión del comisario. Nunca alegamos el tema del aneurisma. Ahora, en un chico de 17 años un aneurisma no se rompe sin un estímulo externo, y eso está probado por pericialmente en la causa civil por un lado y en la causa de la Corte por el otro. O sea, tiene que haber algún tipo de estímulo físico, un golpe en la cabeza,  e incluso un estímulo de tipo stress emocional que provoca una suba rápida de presión. Pero supongamos que esa noche estuviera escrito que ese aneurisma se reventaba, qué distinta hubiera sido la historia si ese derrame se hubiera producido en el tablón de Obras escuchando a Los Redondos. Pero Walter no se murió en ese momento. Murió una semana después, después de haber estado casi un día sin atención médica en la comisaría. Si le hubiera pasado en la calle, hubiera tenido atención médica inmediata. Por donde le busques la vuelta, a Walter lo mataron. Además, es indiscutible que le pegaron, porque ningún médico, ningún médico va a llamar a una comisaría a denunciar que tienen un menor con lesiones en la cara si no lo tiene.

– ¿Cómo vivió usted estos veinte años de causa Bulacio?
– Ni siquiera puedo decir que es un hito o una bisagra o un acontecimiento en mi vida, sino que la causa Bulacio es mi vida. Porque yo tengo veintiséis años de profesión y veinte trabajando en la causa Bulacio. Pero a parte de eso que es una cuestión individual, Bulacio no es la carpeta número 78 de mi fichero, sino que forma parte de un conjunto de temas diversos todos vinculados por el eje antirrepresivo en un ámbito de militancia organizada, CORREPI. Nada de la causa Bulacio yo lo he vivido como individuo, sino a través del trabajo colectivo.

– ¿Cuáles son los principales planteos de CORREPI?
– Nuestra tesis fundacional dice hay un fuerte incremento de la política represiva de baja intensidad desde los años ’80 para acá, que tiene dos características centrales: la invisibilización para afuera de la clase que la padece, y la naturalización hacia adentro, que es parte del mecanismo del control social. Y de esa manera se muestra quien manda y se domestica a la gente. De hecho, viene funcionando así. En el texto Violencia institucional, que está en nuestra página, está planteada esta tesis.

– ¿El caso Bulacio también forjó CORREPI?
– Es fundacional, más vale. CORREPI es Bulacio, Bulacio es CORREPI, no hay duda. Hay otros casos igualmente fundacionales pero lo que no tuvieron es la trascendencia en el tiempo. Sí en su momento, como la causa Durán, que, a diferencia de Bulacio, nos permitió el primer avance en un barrio, en Rafael Castillo; en cambio en Bulacio la base era el movimiento estudiantil secundario de Capital.

– Durante el gobierno de Néstor Kirchner se reabrió la causa. ¿Hubo más compromiso político?
– Con el gatillo fácil, sí. Los Kirchner le han batido el récord a todos los demás. Ningún gobierno desde 1983 a la fecha incrementó tanto las facultades policiales y garantizó tan bien la impunidad de todos los represores, ni tuvo el promedio de muertes por año, sostenido, de por lo menos un muerto por día, como los de los Kirchner. No es mérito de los Kirchner que Bulacio llegue a juicio. Bulacio llega a juicio porque no hemos dejado de insistir ni un solo día en veinte años. O sea, el mayor logro, el mayor éxito, por poner un término poco feliz, es no haber tirado la toalla nosotros. En cambio, los Kirchner han tenido derrotas muy fuertes con Bulacio. Hicieron un intento para simular que cumplían con la sentencia de la Corte -que sigue incumplida y que es responsabilidad exclusiva de ellos, porque la sentencia se dictó el 18 de septiembre de 2003-, quisieron meter a Eduardo Luis Duhalde en representación del Ministerio de Justicia como querellante en la causa. En aquel momento, no como ahora, el Ministerio era de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. La Policía Federal dependía, igual que la Secretaría de Derechos Humanos, del mismo ministro y eso quedó tan en evidencia que finalmente quedaron afuera.

– ¿Por qué ha habido tanta protección sobre el comisario Espósito?
– El tema no es Espósito. Cumplir la sentencia de la Corte requiere derogar, y nunca volver a reinstalar, la averiguación de antecedentes, las faltas y contravenciones. Y modificar sustancialmente todo el sistema de punibilidad de menores. Más allá del tema menores, solamente derogar la ley de averiguación de antecedentes implica perder la herramienta más fabulosa de control social con la que cuentan las fuerzas de seguridad. Jamás ningún gobierno lo va a hacer.

– ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que haya sentencia definitiva en el caso Bulacio?
– Mucho, pero esa no es nuestra preocupación. Lo que nosotros buscamos concretamente con el caso Bulacio ya lo tenemos. Cuando en un partido de fútbol o en un recital de rock escucho a pendejos que ni habían nacido en 1991 cantando “Yo sabía/ yo sabía/ que a Bulacio/ lo mató la policía” se me pone la piel de gallina…

– ¿Habló con Los Redondos alguna vez?
– No, si ellos son los que pagaron la policía esa noche… Hay una carta del comisario dirigida a la Negra Poly, ella es la que hace la contratación. Esto al margen de actitudes muy feas que tuvieron después. En todo el mundo del rock en los ‘90 no hubo nadie que quedara afuera de alguna movida por Walter. De hecho el problema que teníamos cuando decidíamos organizar algún festival era cómo decir que no. ¿Cómo hacer para hacer algo con uno sin quedar mal con los demás? Pero Los Redondos, bien gracias.